ADPRA suma su voz al pedido de que Milei no vete la Ley de Financiamiento Universitario

En una semana clave para la educación universitaria y su futuro y ante la amenaza de veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina volvió a pronunciarse a favor de que se respete la norma sancionada en el Congreso por amplias mayorías.

El Texto de la declaración expresa lo siguiente:

• La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA)

  expresamos nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que se vete la Ley de

  Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por amplia mayoría en ambas

  cámaras del Congreso de la Nación.

  Entendemos que esta ley constituye una herramienta fundamental para la recomposición del

  presupuesto de las universidades nacionales, en un contexto donde estas instituciones se

  encuentran en una situación de emergencia presupuestaria, tal como lo reconocen todos los

  sectores vinculados al ámbito académico. La actualización del presupuesto universitario en

  función de la inflación acumulada, y su distribución basada en criterios de equidad,

  permitirá garantizar no solo el funcionamiento básico de las universidades, sino también el

  derecho a una educación superior de calidad para miles de estudiantes en todo el país.

  Además, es importante señalar que la Ley de Financiamiento Universitario no genera un

  impacto fiscal adicional, ya que simplemente ajusta los recursos asignados a las

  universidades enbase a los índices inflacionarios acumulados, permitiendo así que las

  partidas ya previstas se mantengan acordes a las necesidades económicas actuales. Esto

  asegura que el sistema educativo no sufra una erosión presupuestaria a causa de la

  inflación, sin representar un aumento desmedido del gasto público.

  Las Defensorías del Pueblo no podemos dejar de señalar que la falta de financiamiento

  adecuado afecta directamente los derechos fundamentales de los estudiantes y trabajadores

  universitarios. Este veto, de concretarse, comprometería los compromisos salariales y el

  correcto funcionamiento de estas instituciones que son esenciales para el desarrollo social y

  económico de la Nación.

  Nos preocupa profundamente el impacto que esta decisión podría tener en la calidad

  educativa y en las actividades de investigación, extensión y transferencia de conocimiento

  que las universidades realizan, fundamentales para el progreso científico y tecnológico de

  Argentina.

• Por todo lo expuesto, desde ADPRA solicitamos respetuosamente que se reconsidere la

  posibilidad de vetar esta ley y se avance en la implementación de un sistema de

  financiamiento que asegure la estabilidad de las universidades nacionales, el respeto a los

  derechos de los estudiantes y docentes, y el fortalecimiento del sistema educativo público,

  sin que ello implique un desajuste en las cuentas públicas»».

  El comunicado lleva las firmas de todos los Defensores y Defensoras de la República en un momento crucial en donde la comunidad Universitaria, pero también la sociedad en su conjunto se movilizarán para defender uno de los valores (la educación libre, gratuita y laica), que es patrimonio indiscutible de enormes sectores de forma transversal, independientemente de las pertenencias político-partidarias.

  María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de CABA; Enrique Pochat, Defensor del Pueblo

  de Morón; José Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de Formosa; Claudia Bard,

  Defensora del Pueblo de Chubut; Bernardo Voloj, Defensor del Pueblo de Chaco; Jorge

  Henn, Defensor del Pueblo Adjunto a cargo de Santa Fe; Gabriel Savino, Defensor del

  Pueblo Adjunto a cargo de Santa Fe; María Celeste Vouilloud, Defensor del Pueblo de

  Vicente López; Marín Pérez Morando, Defensor del Pueblo de Viedma; Agustín Payes,

  Defensor de los Vecinos de la Ciudad de Corrientes; Federico Núñez Burgos, Defensor del

  Pueblo de la Ciudad de Salta; Carlos Palmiotti, Defensor del Pueblo Adjunto de CABA;

  Adriana Santagati, Defensora del Pueblo de Río Negro; Analía Woloszczuk, Defensora del

  Pueblo de Bariloche; Marcia López, Defensora del Pueblo de Paraná; Oscar Vázquez,

  Defensor del Pueblo de Zapala; Lionel Suárez, Defensor del Pueblo de Santiago del Estero;

  Adrián Maciel, Defensor del Pueblo de Pilar; Juan Carlos González Olsina, Defensor de las

  Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza; Marcelo Lacedonia, Defensor del

  Pueblo de Gral. Pueyrredón; Rafael Sachetto, Auditor General de la Municipalidad de Villa

  María; Valeria Fiore Cáceres, Defensora del Pueblo de Posadas; Silvia Caprino, Defensora

  del Pueblo de La Matanza; Amelia López, Defensora de Derechos de niños, niñas y

  adolescentes de Córdoba