ADPRA alertó por el estado del PAMI
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA),
que nuclea a las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas del país,
expresa su preocupación institucional ante la grave situación que atraviesa el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI) y el impacto que ello
genera sobre el derecho a la salud de las personas mayores, cuya cobertura se encuentra
directamente vinculada al acceso a beneficios jubilatorios o previsionales.
Las Defensorías integrantes de ADPRA han relevado, en distintas jurisdicciones del país, un
incremento sostenido de reclamos vinculados a demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos,
falta de acceso a la provisión de medicamentos e insumos,
discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, asociadas a condiciones de
retribución irrisorias, que afectan la sostenibilidad de la red prestacional,
problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera,
problemas en la relación con prestadores de servicios de salud vinculados a condiciones
de contratación y pago,
deudas millonarias del Gobierno Nacional con los prestadores de salud en todo el país.
La implementación de la RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y
concentra la retribución de los médicos de cabecera en el pago por cápita, ha generado un
recorte efectivo de ingresos superior al 50% para los profesionales, quienes han declarado el
paro nacional y advierten que de no revertirse la medida abandonarán la cartilla. A ello se suma una deuda millonaria con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia que en
algunas jurisdicciones acumula más de seis meses de atraso, poniendo en riesgo la continuidad
de la red prestacional en todo el territorio nacional.
El origen de esta situación se encuentra en decisiones adoptadas en la conducción del INSSJPPAMI que evidencian falta de previsibilidad, dificultades de implementación e inconsistencias
que comprometen el acceso a prestaciones esenciales y generan incertidumbre tanto para los
prestadores como para las personas afiliadas.
El desfinanciamiento del organismo impacta de manera desproporcionada en personas mayores
que dependen estructuralmente del sistema, generando situaciones de vulnerabilidad que el
Estado tiene el deber de revertir de forma inmediata.
ADPRA exhorta que las autoridades competentes adopten, con carácter urgente, medidas
orientadas a: regularizar los pagos adeudados a prestadores en todo el territorio nacional;
derogar o revisar la RESOL-2026-1107-INSSJP-DE en diálogo con los representantes
de los profesionales de la salud;
garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos, insumos y rehabilitación en
todo el territorio nacional;
restablecer previsibilidad y transparencia en el financiamiento, la contratación y la
autorización de prestaciones;
asegurar una retribución justa, real y oportuna a los prestadores que garantice la
sostenibilidad de la red de atención;
garantizar canales de atención personalizada para afiliados, sin limitarse a vías digitales
que excluyen a quienes no tienen acceso;
promover la articulación entre el nivel nacional y las jurisdicciones locales para el
funcionamiento efectivo del sistema.
ADPRA advierte que la persistencia de esta situación configura una vulneración concreta y
actual de derechos constitucionales de los adultos mayores, por lo que resulta impostergable la
adopción de medidas urgentes, coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario
actual y garantizar condiciones dignas de atención.
Firman la declaración María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Bs. As. y Presidenta de ADPRA, Facundo Matías Mancebo, Defensor del Pueblo de Lanús y Vice Primero de ADPRA, María Florencia Peñaloza, Defensora del Pueblo de San Juan y Vice Segunda de ADPRA, José Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de Formosa y Vice Tercero de ADPRA y Claudia Bard, Defensora del Pueblo de Chubut y Secretaria de ADPRA.
