ADPRA expresa su preocupación por las vacantes críticas y la reducción presupuestaria en la Justicia Federal y Ministerio Público Fiscal

Uno de los grandes problemas de la Argentina contemporánea es la falta de justicia y la mora en la designación de magistrados en los diferentes fueron a lo largo y ancho del país.

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su preocupación institucional frente a lo que consideró «la delicada situación que atraviesa el Poder Judicial de la Nación, caracterizada por un nivel excepcionalmente alto de vacantes en los fueros federal y nacional y por la reducción presupuestaria prevista para el ejercicio 2026. Ambos procesos, combinados, profundizan una fragilidad operativa que repercute directamente en los derechos de la ciudadanía».

• De acuerdo al informe del mes de octubre del Consejo de la Magistratura, actualmente existen 337 cargos vacantes sobre un total de 1.002, lo que implica que más de un tercio de la estructura judicial se encuentra sin cobertura efectiva. De ese total, 176 vacantes corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Justicia Federal del interior, y 49 a la Federal con asiento en CABA. Esta situación afecta el funcionamiento cotidiano de juzgados, cámaras y tribunales orales, especialmente en provincias donde un mismo órgano concentra múltiples competencias y donde la falta de magistrados titulares genera demoras, sobrecargas y desigualdades territoriales en el acceso a la justicia.

  A este cuadro, se suma la advertencia formulada por la Junta de Presidentes de Cámaras Federales con competencia penal, que señaló que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé una reducción del 8% en términos generales y del 74% en bienes de uso, lo que impacta directamente en infraestructura, mantenimiento edilicio, recursos tecnológicos y en las condiciones mínimas para la implementación del sistema acusatorio y la modernización del servicio de justicia.

  La combinación de vacantes prolongadas y restricciones presupuestarias constituye, a nuestro entender, un problema de gestión administrativa, ya que afecta de manera directa la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia, prolonga la tramitación de causas

  civiles, penales, comerciales, ambientales y previsionales, y profundiza brechas territoriales que golpean con mayor intensidad a las regiones del norte y sur del país. Por otra parte, la falta de incremento presupuestario incide negativamente en la implementación del

  Código Procesal Penal Federal (CPPF) y en la consolidación del sistema acusatorio, cuya  continuidad debió ser reprogramada. También compromete la continuidad de procesos de digitalización, la ampliación de infraestructura crítica y el fortalecimiento de áreas sensibles

   del fuero federal, cuya intervención es esencial en materia de delitos complejos, narcotráfico, cuestiones ambientales, seguridad social y derechos colectivos.

  Desde la perspectiva de las Defensorías del Pueblo, el normal funcionamiento del Poder Judicial es un componente esencial de la protección de derechos y de la confianza pública en las instituciones. Por ello, ADPRA considera indispensable que se acelere la

  cobertura de vacantes con prioridad en las jurisdicciones críticas, que se revisen las previsiones presupuestarias a fin de garantizar niveles mínimos de funcionamiento y que se aseguren condiciones materiales y tecnológicas que permitan sostener la accesibilidad, la eficiencia y la equidad territorial en la prestación del servicio de justicia.

  ADPRA reafirma su compromiso con el monitoreo permanente de estos procesos y con la defensa de una justicia independiente, cercana, eficaz y dotada de los recursos humanos y materiales necesarios para responder a las demandas de la ciudadanía. Un Poder Judicial debilitado afecta de modo directo el ejercicio de derechos fundamentales, y es responsabilidad del Estado garantizar que todas las personas, sin distinción territorial o socioeconómica, cuenten con un sistema judicial operativo, confiable y plenamente accesible.

Firman el comunicado María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de CABA y Presidenta de ADPRA; Facundo Matías Mancebo, Defensor del Pueblo de Lanús y Vice 1ro. de ADPRA; María Florencia Peñaloza, Defensora del Pueblo de la Prov. de San Juan y Vice 2da. de ADPRA; José Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de Formosa y Vice 3ro. de ADPRA y Claudia Bard, Defensora del Pueblo de Chubut y Secretaria de ADPRA.